EVIDENCIA INCUESTIONABLE QUE RESPALDA EL RECLAMO LEGAL ANTE YALE
La devolución de nuestro patrimonio arqueológico
Por: Eliane Karp de Toledo*
La apropiación ilegal de la herencia arqueológica de una nación por parte de algún agente extranjero se asocia a menudo con las penosas circunstancias de una guerra, los episodios dolorosos de la conquista o la depredación ilícita de los sitios arqueológicos.
En el caso de los artefactos sustraídos por la Universidad de Yale, sin embargo, no existe ninguna controversia con relación a su origen, quiénes los sustrajeron o los términos contractuales bajo los cuales dicha remoción fue temporalmente autorizada. Hoy, 90 años después de vencido el plazo para su repatriación y cuya fecha inicial fue acordada con la propia Universidad de Yale, esta institución continúa negándole al Perú la devolución íntegra de su patrimonio cultural arrebatado.
Tras muchos años de frustradas negociaciones, y la presentación en 2007 de un Memorando de Entendimiento totalmente insensible por parte de Yale, finalmente la República del Perú inició formalmente un juicio contra la universidad en la corte distrital de Washington, D.C., en diciembre del 2008.
El 6 de abril último, gracias a una gentil invitación de la Unión Política de los Estudiantes de la Universidad de Yale, tuve la oportunidad de presentar una evidencia irrefutable que convierte la falta de voluntad de la universidad para devolver la colección en algo totalmente indefendible.
Los miles de artefactos en disputa fueron llevados de Machu Picchu a Yale por Hiram Bingham, el director de tres expediciones al Perú (1911, 1912, 1914-1915), coauspiciadas por Yale y la Sociedad Geográfica Nacional. Durante el debate organizado por los estudiantes de esa universidad, revelé algunas de las cartas inéditas enviadas por Bingham a la Sociedad Geográfica Nacional en los años que buscaba financiamiento de esa institución. En 1916, Bingham urgió el retorno oportuno de las piezas de Machu Picchu con estas palabras:
“[Los artefactos] no nos pertenecen a nosotros, sino al Gobierno del Perú, el cual nos permitió sacarlos del país bajo la condición de que sean retornados en 18 meses”, escribió el explorador. Bingham también le menciona a la Sociedad Geográfica Nacional que “este tema ha adquirido una enorme importancia ante los ojos de los peruanos, que sienten que se les está tratando de robar los tesoros de su país”.
La Sociedad Geográfica Nacional respondió con las siguientes palabras:
“Debemos acatar los términos de nuestro acuerdo con el Gobierno del Perú y retornar todos los materiales que por contrato nos obligamos a devolver”.
Para poner en contexto estas cartas, debemos decir que las leyes peruanas vigentes en aquella época prohibían la exportación de artefactos. Por lo tanto, Bingham se vio obligado a presionar para obtener decretos especiales para contrarrestar esas disposiciones legales, los cuales fueron emitidos por el Gobierno Peruano en 1912 y 1916. Estas órdenes ejecutivas, también presentadas en Yale, le permitían a Bingham una “única excepción” para sacar temporalmente del territorio peruano 74 cajas de artefactos para “conducir estudios científicos”. Los decretos de excepción, sin embargo, obligaban a Yale y a la Sociedad Geográfica Nacional a retornar las piezas a más tardar en 1918. Además, el documento explícitamente señala que las piezas son propiedad del Perú, país que nunca ha desistido de reclamar su legítima propiedad de la colección arqueológica, hoy incautada por Yale. Estos documentos demuestran que las autoridades peruanas actuaron de buena fe, creyendo que este préstamo temporal era un acto legítimo de cooperación para el desarrollo de la ciencia.
Sin embargo, ante las demoras en la devolución de las piezas, a partir de 1918, el Perú empezó a reclamar el retorno de los artefactos. Desde el 2001 hasta el 2006, el gobierno de Alejandro Toledo buscó activamente su repatriación e incluso se preparó un documento que serviría para iniciar un juicio a Yale, y que fue remitido al Congreso Peruano para su aprobación. El 20 de abril de este año, después que hicimos pública la evidencia irrefutable en Yale, el Perú decidió presentar una queja complementaria a través de la corte de Washington D.C. El documento número 1:08-cv-2109 presenta 16 nuevas pruebas (incluyendo la correspondencia entre Bingham y los coauspiciadores de sus expediciones) que confirman, más allá de cualquier duda, que todas las partes involucradas originalmente reconocían la propiedad del Perú sobre esas piezas y se comprometían a la repatriación de los artefactos, hoy en disputa.
Además, el actual Consejo de Administración de la Sociedad Geográfica Nacional ha expresado recientemente su opinión unánime de que Perú es el legítimo propietario de esas piezas, y que deben ser devueltas.
Yale, sin embargo, no ha respondido. Por el contrario, cuando los estudiantes de esa casa de estudios me invitaron recientemente a debatir este tema, la administración de la universidad le pidió a sus profesores no participar en el debate.
Yale continúa siendo el único involucrado que reniega de sus compromisos legales. En lugar de honrar su contrato, continúa formulando argumentos absurdos y condescendientes para justificar sus derechos “usufructuarios” sobre el patrimonio peruano. Por ejemplo, Yale ha sostenido públicamente que el Perú es incapaz de alojar con seguridad las piezas en un museo apropiado.
Irónicamente, gran parte de la colección se encuentra actualmente alojada en los sótanos de Yale, en tan pésimas condiciones que el Perú también lo está enjuiciando en busca de indemnizaciones, precisamente por el mal estado de conservación de las piezas. En contraste con la situación penosa de conservación de esos artefactos en Yale, el Perú inauguró en el 2002 el Museo Tumbas Reales de Sipán, que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro museo contemporáneo mundial de primera clase.
Machu Picchu tiene un valor simbólico incalculable para todos los peruanos y es un ícono de identidad nacional. Yale debe finalmente honrar su compromiso a través del retorno incondicional e inmediato de toda la colección Machu Picchu al Perú. La evidencia recientemente revelada demuestra la validez del reclamo peruano, y manifiesta que la repatriación es la única vía para llegar a una solución aceptable y ética entre dos partes civilizadas.
(*) Ex primera dama (2001-2006)
Fuente: http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/devolucion-nuestro-patrimonio-arqueologico/20090613/299988
