CUSCO. UN REFUGIO NATURAL EN SERIO PELIGRO

Atentan contra Machu Picchu

Una porción del santuario ha sido depredada por el burgomaestre. Autoridad afirma que construirá un supuesto criadero de orquídeas

Por Ricardo León. Enviado Especial

Uno también conoce a las personas a través de sus contradicciones. El alcalde de Machu Picchu Pueblo (antes llamado Aguas Calientes), Édgar Miranda Quiñones, pasó toda la semana condecorando a dignatarios extranjeros que visitaron Machu Picchu: a todos les entregó una medalla y a todos les dijo, entre palmaditas en el hombro y conflictos idiomáticos y niños disfrazados con ponchos y chullos, que los nombraba protectores culturales y ecológicos de la ciudadela inca.

Ese mismo alcalde adquirió hace pocos meses un terreno de ocho hectáreas (según el catastro) incluidas dentro del área del Santuario de Machu Picchu, varias de las cuales han sido desbrozadas salvajemente a pesar de ser un área absolutamente intangible. Esa es la contradicción número uno.

NATURALEZA MUERTA
La comunidad de Mandor-San Miguel está a 40 minutos a pie desde Machu Picchu Pueblo. En el sector Putucusi, a la altura del kilómetro 113 de la vía férrea que une esta ciudad con la central hidroeléctrica, cerca del cauce del río Urubamba, se puede observar lo que queda de un tupido bosque natural: un esqueleto donde hay en pie algunos árboles. La maleza y los arbustos nativos de la región han sido arrancados de raíz y algunos troncos todavía están desperdigados por la zona, cortados con hachas y machetes; ahí el sonido del río se quiebra por los intermitentes combazos con los que algunos trabajadores rompen piedras para construir pequeños recintos semicirculares. Es la imagen de la depredación más absurda.

El Comercio llegó a la zona. Uno de esos hombres intentó impedirnos el ingreso y argumentó que se trataba de una propiedad privada. ¿De quién?, se le preguntó. "De Édgar Miranda". ¿El alcalde? "Sí". ¿Y qué construirán aquí? "Un jardín de orquídeas". Contradicción número dos: destruir a punta de machete y comba una porción de bosque natural para construir un orquidiario artificial y así salvar especies en extinción. Además de contradictorio, es torpeza.

Según explicaron pobladores de Mandor, el terreno perteneció a la familia de un ex trabajador del Instituto Nacional de Cultura (INC), quien vivió ahí desde antes de que se declarara Machu Picchu área natural protegida. Cuando falleció, su hija tomó la titularidad del terreno. En el 2007, ella cedió los derechos de propiedad. Ese mismo año empezaron a desbrozar el terreno.

Son dos las preguntas de fondo que quedan sueltas. La primera es por qué una persona natural --que por coincidencia es alcalde- adquiere un terreno que es parte de un área de conservación, si la Ley de Áreas Naturales Protegidas estipula en el artículo 4 que estas "son de dominio público y no podrán ser adjudicadas en propiedad a particulares". La segunda pregunta es obvia y no se basa en ninguna ley sino en el sentido común: por qué o para qué se desbroza sin ningún cuidado una porción de tierra dentro de un área natural protegida.

PALABRA DE ALCALDE
El alcalde Édgar Miranda intentó responder esas dos preguntas, pero en lugar de ello dejó al aire otras más. Primero dijo que el terreno no es suyo, sino que pertenece a su esposa. Dos minutos después dijo que el terreno sigue siendo de la antigua dueña, pero que ellos le han solicitado que sea cedido para construir un orquidiario. Esa fue la contradicción número tres. Cuando se le preguntó por qué y cómo adquirió una propiedad que, según la ley, no puede ser cedida a una persona natural, respondió: "En eso estamos trabajando". No se entiende en qué.

Un minuto después, Miranda negó, en todos los idiomas que conoce, que se haya alterado la naturaleza en la zona. Luego reconoció que solo se había cortado maleza, pero no árboles. Después precisó que si había árboles caídos, era porque se trataba de ejemplares viejos. Cuando se le aclaró que esos árboles caídos tenían huellas de hachas y machetes, respondió que debía haber cortado algún desconocido. Contradicción número cuatro.

La quinta contradicción es antológica y salió de su propia boca: "Este proyecto será en beneficio de la humanidad. ¿Cree que yo, como autoridad, voy a permitir que se dañe el Santuario de Machu Picchu?

En ese momento el alcalde interrumpió la entrevista para subir al vehículo que lo llevaría a la ciudad inca de Machu Picchu, donde debía condecorar a otro visitante ilustre, a otro dignatario extranjero. A otro protector de la cultura y la ecología.

El hábitat de varias especies
La Municipalidad de Machu Picchu Pueblo prohíbe a los colonos, con derecho de propiedad de tierras en esta zona, construir viviendas o alterar la naturaleza; incluso hay varios pobladores ya denunciados. Sin embargo, los daños en el sector Putucusi no tienen responsables. Según biólogos que laboran en el santuario, los arbustos y la maleza cortados son el hábitat de diversas especies animales, como la mariposa nacarada y el ave más simbólica de Machu Picchu, el llamado cucarachero inca. Por otro lado --agregaron los expertos consultados- las orquídeas no se adaptan fácilmente cuando se les aleja de los terrenos donde crecen. "Aquí no hay un manejo adecuado", concluyeron. Mientras tanto, la Asociación de Desarrollo y Defensa de las Comunidades de Machu Picchu (Adecomp) se reunirá para analizar el problema y evaluar la posibilidad de un reclamo formal ante el concejo y una denuncia contra los responsables.

SEPA MÁS
4En el 2007, miembros de la Unesco visitaron Machu Picchu para conocer el estado de conservación cultural y ecológico del santuario.
4Al distrito de Machu Picchu Pueblo se le recomendaba el reordenamiento del mercado artesanal.
4Los turistas nacionales y extranjeros señalan que el mercado en cuestión es un lugar incómodo para comprar, además de desordenado y hasta riesgoso.

Exigen al alcalde de Machu Picchu detener las obras ilegales en el santuario

13:18 | De forma inexplicable Édgar Miranda ha depredado un terreno de su propiedad en la zoa de amortiguamiento aledaña a la ciudadela inca

Representantes del comité alterno de la Unidad de Gestión de Machu Picchu exigieron al alcalde de esa localidad, Edgar Miranda, paralizar inmediatamente las obras que realiza de manera ilegal en un área de cinco hectáreas de terreno ubicadas en una zona intangible del santuario inca.

Tras una reunión de emergencia, representantes del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), Instituto Nacional de Cultura (INC), el Viceministerio de Turismo y del Gobierno Regional del Cusco, acordaron enviarle una carta conminándolo a que deje de atentar contra el patrimonio peruano, pues se constató que pese a la denuncia penal en su contra, continúan los trabajos en la zona.

El abogado Wilson Inga, asesor legal de la Jefatura del Santuario Histórico de Machu Picchu, informó que se ha solicitado el statu quo de las actividades, con el fin de que se paralicen los trabajos por estar ocasionando perjuicios irreversibles contra el área protegida.

Hace unos días el alcalde Miranda cayó en varias contradicciones al tratar de explicar este hecho a un periodista de El Comercio que acudió a la zona a investigar esta irregularidad.

¿Abuso de autoridad?
Los actos ilícitos se iniciaron en noviembre del año pasado, cuando personal guardaparque del santuario intervino a tres obreros realizando hoyos para cercar unas cinco hectáreas de terreno ubicado en la margen derecha del río Vilcanota, en el kilómetro 113 de la línea férrea, sector de Santa Teresa.

Pese a la intervención y la orden de paralización de las actividades, los obreros continuaron depredando la zona por lo que el Inrena decidió interponer denuncia penal contra los intervenidos.

Con fecha 11 de abril, el Juzgado Penal de la Provincia de Urubamba-Cusco abrió proceso penal contra Juan Soncco Llaiqui, Víctor Raúl Rodríguez Quispe y Máximo Condori Injueña por la comisión de delitos contra la ecología, en la modalidad de depredación de recursos naturales, alteración del paisaje natural; contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación y daños agravados; y contra la administración pública, en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Los trabajadores demandados afirmaron que fueron contratados por el alcalde de Machu Picchu y por la empresa "Totos" de propiedad del burgomaestre.

Con fecha 19 de mayo, el Inrena solicitó la ampliación de la denuncia penal contra el burgomaestre Miranda por encontrarse indicios suficientes que lo acreditan como responsable de los hechos.

Fuente: Andina